La psiquiatría forense es una especialidad de la psiquiatría general que se ocupa de ayudar a la Justicia en aquellos casos en los que una persona, por tener un estado especial de salud mental, requiere también una consideración diferente ante la ley.

En el ámbito del derecho penal, para que a alguien se le pueda atribuir un hecho delictivo es necesario en primer lugar que sea considerado imputable, es decir, que tenga la aptitud necesaria para distinguir si el hecho que ha cometido es ilícito, y también que tenga la libertad en su voluntad para poder elegir entre hacerlo o no.

Con frecuencia ciertas enfermedades mentales anulan en unos casos, o disminuyen en otros, la capacidad de comprender la ilicitud de una conducta, y también puede anular o disminuir la libertad de obrar conforme a dicha comprensión.

En estas situaciones y aunque la persona fuera considerada culpable por un tribunal, no se le puede castigar con una pena, sino que en su lugar se aplican las llamadas medidas de seguridad. Es decir, son unas medidas que pretenden sobre todo curar y rehabilitar al enfermo que ha cometido un hecho delictivo, cuando esa conducta deriva directamente de su enfermedad mental.

Esa sería una de las misiones más importantes de la psiquiatría forense, informar al Tribunal si el autor del hecho está enfermo y en qué medida la enfermedad ha influido en la conducta criminal.

La psiquiatría forense también se ocupa de valorar en el ámbito del derecho civil, si la persona tiene una enfermedad mental que le impida su autogobierno o el de su patrimonio, ya que si ello es así se debe proceder a la incapacitación y posterior tutela del enfermo.

Por último, la psiquiatría forense también se ocupa de informar a los tribunales en materia de derecho laboral sobre el estado de salud de un trabajador y sobre su posible minusvalía o discapacidad.

Toda esta labor se hace llegar a los Tribunales de Justicia mediante los llamados Informes Periciales, que a su vez pueden ser: de oficio (lo pide el propio tribunal) o a instancia de parte (lo encarga una de las partes y lo aporta al proceso), aunque los tribunales son siempre absolutamente libres para decidir si aprecian o no la prueba que se aporta.

Artículo de: Dr. José Carlos Fuertes Rocañín
Psiquiatría